Cataluña avanza en la gestión propia de Cercanías

La Generalitat de Cataluña ha iniciado un proceso histórico para asumir la gestión de la línea R1 de Cercanías, un paso clave dentro del acuerdo político entre ERC y el PSOE. Este movimiento no solo redefine la titularidad de una infraestructura clave, sino que también abre la puerta a un cambio significativo en el sistema ferroviario de la región.

Un acuerdo político con grandes implicaciones

La petición de traspaso de la línea R1 responde a una de las principales condiciones de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Este acuerdo busca culminar en una transferencia integral de competencias que abarque no solo las operaciones diarias, sino también las infraestructuras ferroviarias y las inversiones necesarias.

Según la portavoz del Govern, este traspaso es un primer paso hacia la creación de un sistema de Cercanías más eficiente y acorde con las necesidades de Cataluña. El objetivo principal es garantizar que los trenes sean puntuales y el servicio, de calidad. La Generalitat asume que la titularidad de la línea será suya, pero la gestión de las vías permanecerá en manos de Adif hasta la creación de una empresa mixta.

Detalles del traspaso: mucho más que una línea de tren

La línea R1, que conecta Barcelona con Maçanet-Massanes, incluye 73 kilómetros de vía general y 21 municipios a lo largo del litoral del Maresme. Su gestión implicará el control de estaciones, ascensores, pasos a nivel y hasta túneles históricos como el de Montgat, el más antiguo de España. Este vasto entramado ferroviario exige una reorganización completa, no solo administrativa sino también operativa.

Sin embargo, el cambio trae consigo complejidades significativas. Ifercat, el ente público encargado de la infraestructura ferroviaria, deberá asumir nuevas responsabilidades y aumentar su plantilla, que actualmente cuenta con solo 10 empleados. Además, se tendrá que coordinar con Renfe y Adif para garantizar la continuidad del servicio.

Los retos de un traspaso pionero

El proceso plantea numerosas incógnitas. Entre ellas, destaca la estructura y funciones de la empresa mixta que gestionará la R1. A esto se suman los desafíos técnicos, financieros y jurídicos, derivados de ser la primera vez que se lleva a cabo un traspaso de estas características.

Desde el Govern insisten en que esta transferencia se realiza con todas las garantías legales, subrayando que la complejidad del proceso es fruto de años de desinversión y una gestión estatal que califican de inadecuada. No obstante, los usuarios esperan que el cambio signifique mejoras tangibles en el servicio.

El impacto político y económico

El traspaso de Cercanías no es un simple trámite técnico, sino un tema cargado de simbolismo político y con un impacto directo en las relaciones entre Cataluña y el Estado. Mientras ERC presiona para avanzar en el autogobierno, el Gobierno central busca evitar una segunda prórroga de los presupuestos.

El proceso también tiene un fuerte componente económico. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una inyección de 283 millones de euros para hacer frente al déficit acumulado de Rodalies. Esta financiación será esencial para acometer las mejoras necesarias en la infraestructura y garantizar la viabilidad del sistema bajo gestión catalana.

Próximos pasos: las líneas R2 y R3

La R1 es solo el comienzo. La Generalitat ya tiene en el radar las líneas R2 y R3, aunque Paneque ha evitado dar un calendario concreto. Este camino hacia la transferencia completa de Cercanías se enfrenta a resistencias legales y políticas, como las declaraciones previas del Ministerio de Transportes que cuestionaban la legalidad de ceder las infraestructuras.

Una gestión que promete cambios estructurales

Más allá de las promesas políticas, el éxito de este traspaso dependerá de la capacidad del Govern para implementar una gestión eficaz y transparente. Los usuarios, acostumbrados a retrasos y deficiencias en el servicio, exigen resultados concretos. La Generalitat, por su parte, apuesta por una transformación integral que no solo implique un cambio de titularidad, sino una modernización real del sistema.

La línea R1, con su impacto social, económico y territorial, representa la primera prueba de fuego para el modelo de gestión ferroviaria de Cataluña. Este proceso, que podría sentar un precedente, será observado de cerca tanto por el Gobierno central como por otras comunidades autónomas.

El futuro de Cercanías en Cataluña

El traspaso de la línea R1 marca el inicio de una nueva etapa en el transporte público catalán. A pesar de los retos, el Govern ve este proyecto como una oportunidad única para demostrar que una gestión descentralizada puede ser más eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos.