Glovo cambia su modelo de negocio en España y contrata a sus repartidores como empleados
Glovo, uno de los gigantes del reparto a domicilio, ha anunciado un cambio drástico en su modelo de negocio en España: contratará a todos sus repartidores como empleados. Esta decisión responde a la presión regulatoria de la ‘Ley Rider’ y las multas acumuladas por incumplimiento, pero también trae consigo retos económicos y operativos que podrían afectar a usuarios, trabajadores y a la misma empresa.
La presión de la Ley Rider y las sanciones acumuladas
Desde la implementación de la ‘Ley Rider’ en 2021, las plataformas de reparto se han enfrentado a la obligación de garantizar derechos laborales para sus repartidores. Para Glovo, esto se tradujo en un largo historial de sanciones que ascienden a 267 millones de euros, incluyendo inspecciones masivas que afectaron a más de 60.000 repartidores, entre ellos, 3.000 trabajadores extranjeros en situación irregular.
Estas multas y la inminente comparecencia del responsable legal de la empresa en España han acelerado la transición hacia un modelo laboral más convencional. Además, la regularización implica dar de alta en la Seguridad Social a aquellos repartidores que trabajaron para la empresa entre 2021 y 2024, ampliando significativamente las obligaciones económicas de Glovo.
¿Qué significa este cambio para los repartidores?
El principal beneficio para los repartidores es el acceso a derechos laborales plenos, como seguridad social, vacaciones pagadas, indemnización por despido y otras garantías. Este paso supone un gran avance en la mejora de las condiciones laborales para miles de trabajadores que, hasta ahora, operaban bajo un modelo autónomo.
Sin embargo, no todos ven este cambio de manera positiva. La flexibilidad en horarios, uno de los mayores atractivos del modelo de trabajadores independientes, podría desaparecer. Algunos repartidores temen que ahora estén sujetos a jornadas laborales estructuradas, limitando la libertad de elección que antes tenían.
Además, aunque Glovo asegura que mantendrá gran parte de su actividad, no está garantizado que todos los repartidores actuales sean contratados. Esto genera incertidumbre en aquellos que dependen de este trabajo como única fuente de ingresos.
Impacto económico y operativo para Glovo
Para Glovo, la contratación directa de sus repartidores supondrá un incremento de 100 millones de euros anuales en gastos operativos en España. Este gasto, sumado a las sanciones pendientes, afecta directamente a su rentabilidad. Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, ya ha reconocido que esta transición tendrá un impacto significativo en sus cuentas para 2025.
Además de los costos financieros, el cambio de modelo exige una reestructuración interna considerable. Desde la gestión de horarios hasta el cumplimiento de normativas laborales, la empresa debe adaptar su tecnología y procesos para alinearse con las nuevas exigencias legales. Esto implica una inversión adicional en infraestructura y personal administrativo.
Repercusiones para los usuarios
Los usuarios tampoco serán ajenos a este cambio. Los mayores costos laborales podrían trasladarse al cliente final, encareciendo las tarifas de entrega. Además, la disponibilidad de repartidores en horarios atípicos podría reducirse, afectando la rapidez y flexibilidad que caracterizaban al servicio.
La transformación también podría abrir un espacio para que otros competidores mantengan modelos más económicos o encuentren formas de innovar dentro del sector. Sin embargo, es probable que la ‘Ley Rider’ siga marcando el camino para todas las plataformas, nivelando el terreno en términos de regulaciones laborales.
¿Un precedente para otras plataformas?
El movimiento de Glovo podría convertirse en un precedente para otras plataformas de reparto y economía colaborativa en España. Empresas como Uber Eats o Deliveroo deberán evaluar sus estrategias frente a la misma normativa, lo que podría provocar un cambio generalizado en el sector.
Este giro marca un antes y un después en el modelo de negocio de las plataformas de reparto, planteando interrogantes sobre su sostenibilidad económica y la capacidad de adaptarse a un marco laboral más estricto. Para los repartidores, representa un paso hacia la dignificación del trabajo, aunque a costa de perder parte de la flexibilidad que antes disfrutaban.
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